Salobreña se gasta 5,1 millones del ahorro municipal pese al aviso de su interventora sobre un posible reintegro de fondos europeos
El mismo informe advierte de que la operación rompe la estabilidad presupuestaria y obligaría a un plan económico-financiero
El Ayuntamiento de Salobreña aprobó el pasado 14 de agosto, en un pleno extraordinario y urgente, tres modificaciones presupuestarias por valor de 5.185.075,28 euros pese a que el informe de la Intervención municipal advertía de que dos de ellas, sumadas, provocarían el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, lo que obligaría al Consistorio a elaborar un plan económico-financiero.
Ese mismo informe contenía una segunda advertencia, de calado distinto. La interventora pedía reservar parte del remanente de tesorería ante la posibilidad de tener que devolver fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, el programa financiado con dinero europeo. El párrafo lo leyó en voz alta durante la sesión el portavoz del PP, Juan de Dios Márquez Moya: «En atención al principio de prudencia y dada la incertidumbre existente en relación a la posible existencia de reintegro relativo al programa del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, hay que salvaguardar la parte de remanentes de tesorería para gastos generales que corresponda para, en su caso, atender al reintegro de dichos fondos».
Los tres expedientes salieron adelante sin un solo voto en contra. PP, Vox y PMÁS se abstuvieron en los dos grandes.
«Nos ponéis toda la zancadilla para fiscalizar»
La documentación de la comisión informativa llegó a los grupos el miércoles al mediodía. El pleno se celebró el viernes por la mañana. Cuarenta y ocho horas para revisar tres expedientes que, según Márquez Moya, contienen el mayor capítulo de inversión que ha visto en sus seis años como concejal.
A eso se sumó una circunstancia que el propio portavoz popular hizo constar al posicionarse sobre la urgencia: la interventora municipal estaba de vacaciones y no pudo asesorar a los grupos sobre los puntos que iban a votarse. Sobre esa base, el PP se abstuvo ya en la declaración de urgencia, aunque asumió el fondo del asunto: «estamos de acuerdo en que los proveedores cobren cuanto antes».
El concejal de Vox Manuel Jorge Martín Montero fue más allá y llevó la queja al terreno de las formas. Habló de un ayuntamiento que se acostumbra a convocar «plenos de puro trámite» y describió el papel al que, en su opinión, queda reducida la oposición: «venimos aquí como estatua de sal». Y remató con una advertencia dirigida al alcalde: «las formas muchas veces anulan los procedimientos».
El concejal de PMÁS Pedro Ruiz de la Rica se sumó a la protesta por el tiempo y añadió un reproche sobre el contenido de los expedientes. Cuestionó partidas rotuladas como «gastos diversos» y una consignación de 40.000 euros bajo el epígrafe de trabajos realizados por otra empresa sin que conste cuál. «No podemos fiscalizar de esta manera», resumió.
Asfaltado, adoquinado y una grada techada
Los dos primeros expedientes, de 3.294.971,53 y 1.691.916,70 euros, se financian con el remanente de tesorería y concentran el grueso de la inversión que el alcalde detalló en el pleno: un plan de asfaltado de 903.000 euros, la sustitución del césped y el riego del campo de fútbol por 200.000, un plan de adoquinado de 563.750 que afecta a la calle Muralla del casco antiguo, a Marcelino Camacho en La Caleta y a la calle Granada en Lobres, la reurbanización del entorno de Juan Ramón Jiménez por 635.496, el embellecimiento del casco antiguo por 300.000 y el techado de la grada del campo de fútbol por otros 300.000.
Junto a las inversiones viaja una larga lista de gasto corriente que desgranó la concejala de Economía y Hacienda, Mª Carmen Rodríguez Callejón: subvenciones pendientes a la Fundación Martín Recuerda, a Granada Down y a la banda de música, aire acondicionado para dependencias municipales, extintores, reparación de ascensores, mobiliario y equipos informáticos para abrir el museo, arreglos en colegios, alumbrado público, cementerio, parques y jardines. Sobre las partidas que la oposición señaló como opacas, Rodríguez Callejón respondió que la denominación la impone la propia codificación presupuestaria y que la contratación es pública: «no es que se esté maquillando ninguna empresa ni nada».
El tercer expediente, de 198.187,05 euros, se destina a gratificaciones extraordinarias —el pago de las horas extra del personal municipal— y no se financia con remanente, sino dando de baja crédito en otras partidas. Fue el PP quien pidió votarlo por separado: se abstenía en los cinco millones por las dudas del informe, pero en las horas extra votaba a favor. El alcalde aceptó la división. Ese punto se aprobó con la abstención de Vox.
Nueve millones de colchón, un presupuesto en déficit
El debate de fondo llegó en el segundo turno, y ahí quedó dibujada la contradicción que atraviesa toda la sesión.
Márquez Moya sumó las dos primeras modificaciones —4.986.888,23 euros— y las puso frente al remanente general de tesorería del Ayuntamiento, unos 9.333.000 euros. Su conclusión, apoyada en el informe: la operación conjunta genera incumplimiento de estabilidad presupuestaria, incumplimiento de la regla del gasto y obligación de aprobar un plan económico-financiero.
El alcalde, el socialista Pedro Javier Ortega Prados, lo negó en parte. Sostuvo que la porción correspondiente al superávit «no incide en la regla del gasto y tampoco nos obliga a tener un plan económico financiero», y precisó que 3,26 de esos millones había que emplearlos obligatoriamente en virtud de un decreto ley de junio, de modo que el margen real de decisión municipal se reducía a 1,6 millones.
Y planteó el argumento político sin envolverlo: «el ciudadano de a pie no puede entender que tengamos 9 millones, 11 millones o 14 millones de remanentes, que es como de ahorro, y que no tengan sus inversiones hechas». A renglón seguido reconoció lo que sostiene toda la operación: el presupuesto municipal es deficitario «en más de un millón de euros», y la única alternativa a tirar del ahorro sería subir tasas o impuestos.
Sobre la advertencia de la Intervención, Ortega separó los papeles. Los técnicos elaboran su informe conforme a la ley y a la prudencia que les corresponde; el gobierno decide. La concejala de Hacienda añadió el antecedente: en 2023, al llegar al gobierno, los propios técnicos municipales aconsejaron subir el IBI ante un déficit estructural. No se subió.
Quince días para reclamar
Los tres acuerdos son iniciales. El procedimiento abre un plazo de quince días para examinar los expedientes y presentar reclamaciones. Si no se presenta ninguna, quedan elevados a definitivos de forma automática, sin nueva votación de la corporación.